La inclusión de personas con discapacidad como política institucional del Poder Judicial


El Poder Judicial del Chaco realiza desde el año 2008 concursos de antecedentes y oposición para ingresar al  cargo auxiliar administrativo con un régimen especial para personas con discapacidad que hasta la fecha significó la incorporación de 70 agentes que se desempeñan en las distintas circunscripciones judiciales. Además, desde agosto de 2023, cuenta con un […]

El Poder Judicial del Chaco realiza desde el año 2008 concursos de antecedentes y oposición para ingresar al  cargo auxiliar administrativo con un régimen especial para personas con discapacidad que hasta la fecha significó la incorporación de 70 agentes que se desempeñan en las distintas circunscripciones judiciales.

Además, desde agosto de 2023, cuenta con un Programa Integral para la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad que fortaleció este proceso y lo pone a la vanguardia en la temática.

El último concurso de esta modalidad en Resistencia culminó con un orden de mérito compuesto por 32 postulantes, cuatro de los cuales ingresaron a la fecha y otras dos personas están en proceso de entrevista con el equipo de Desarrollo Humano de acuerdo al Programa Integral de Inclusión.

El proceso de ingreso al Poder Judicial de las personas que quedan en lista orden de mérito no se realiza de manera inmediata ni masiva, sino paulatinamente pues requiere que se haya provocado una vacante en un puesto del plantel.

El modo en que la justicia chaqueña encaró el ingreso para personas con discapacidad la transformó, una vez más, en pionera en la materia, al punto que fue consultada por otros poderes judiciales del país interesados en replicar el mecanismo.

Etapas
Es un proceso que incluye diversas etapas que permiten realizar una adecuada evaluación de cada postulante, para brindar los ajustes razonables necesarios para el examen técnico en un marco de transparencia e igualdad de oportunidades para demostrar las condiciones de idoneidad requeridas para el cargo conforme pautas legales y constitucionales vigentes.

Entre estas etapas pueden mencionarse: llamado a inscripción (9/5/19), reanudación instancia de oposición interrumpida por la pandemia de Covid-19  (17/9/20), constitución de una comisión interdisciplinaria y tribunal examinador interdisciplinario (30/10/20), propuesta de intervención con etapas del concurso (24/2/21), presentación de documentación (hasta el 31/3/21), oficialización del listado de 74 postulantes (12/4/21), inicio de entrevistas individuales (desde 20/5/21), finalizadas las entrevistas con cada postulante se eleva la propuesta de modalidad de examen de las 72 personas inscriptas dividida en tres grupos y siete subgrupos (16/12/21), charla de capacitación obligatoria a la que asistieron 66 postulantes en cuatro grupos (30/3/22), examen técnico (16, 17 y 19/5/22), análisis de documentación, antecedentes y puntajes obtenidos para arribar al orden de mérito final con 32 postulantes aprobados (4/11/22).

Las entrevistas y evaluaciones de cada postulante estuvieron a cargo de una comisión interdisciplinaria encargada de proponer la modalidad de examen adaptada a la situación particular. En tanto que un tribunal examinador interdisciplinario, asistido por la comisión, llevó adelante la instancia de oposición que incluyó redacción de textos jurídicos y respuestas por sistema multiple choice o verdadero/falso con los ajustes razonables para cada persona (asignación de más tiempo para realizar el examen, intérprete de lengua de señas, ajustes en visualización o elementos técnicos, adecuación del espacio físico, lectura del texto en pantalla, entre otros)

Programa integral de inclusión
El programa integral de inclusión, aprobado por el Superior Tribunal de Justicia mediante la Resolución 776/23, reúne las buenas prácticas obtenidas a partir de la experiencia de los concursos realizados desde el 2008 y contempla procesos de adecuación y accesibilidad de las dependencias, sensibilización del equipo de trabajo, identificación de vacantes, análisis de aptitudes, capacitación continua, realización de ajustes razonables para otros concursos y acompañamiento periódico para el fortalecimiento de la cultura inclusiva, todo lo que pone de resalto un Poder Judicial comprometido con la inclusión laboral como política institucional.  








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