Críticas a las tomas de tierras


Marta Soneira: “el logro de la verdadera justicia social no implica invadir el derecho de otros”.

Hace un par de meses, en cercanías al barrio 4 de Octubre de Charata se produjo una toma de un lote de 10 hectáreas por un grupo de 100 familias aproximadamente. Productores de la zona consideraron que la toma habría sido impulsada por punteros políticos. El conflicto todavía perdura.

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira precisó durante esta semana que “ese predio usurpado corresponde a un terreno privado, que en su momento el municipio de Charata había dado en comodato, comodato que estaba a punto de terminar”.

En declaraciones a Contracara por Radio Resistencia 90.3, la funcionara resaltó que se trata de un predio privado, cuyo titular tenía un acuerdo con el municipio por la cuestión impositiva porque él tiene otros predios así y fines de este año terminaba el esquema de comodato que se había planteado. “Una vez culminado ese comodato, ese terreno debe pasar al Banco de Tierras del municipio de Charata, pero hasta que se cierre el acuerdo, ese predio pertenece a esta persona”, detalló.

“La toma del terreno es ilegal, y por lo tanto, el propietario ha realizado la denuncia correspondiente, cuyo expediente está en las Fiscalía número dos, a cargo del fiscal Hugo Baigorri, que hoy está como subrogando la Fiscalía pero además es fiscal de turno”, precisó al señalar que en el momento de la toma, su cartera intervino junto con el municipio de Charata para hacer respetar el derecho de la propiedad privada y también de la propiedad pública.  

Usurpar un terreno es un delito

Soneira insistió en marcar que “la toma ilegal de un predio es un delito. Por ello, estamos trabajando fuertemente con todos los municipios, y en este caso con Charata, que ya cuenta con antecedentes de usurpaciones”.

“Estamos trabajando en la constitución de un Banco de Tierras municipal que permita generar lotes de manera ordenada, con servicios para la ciudadanía de Charata que sean distribuidos de forma equitativa”, aseguró Soneira al sostener que ya se están avanzando en varios barrios consolidados que tiene mucha antigüedad y en otros que no son tan antiguos en todo el relevamiento y la emisión de los certificados RUBH de su hogar.

En este caso puntual de Charata, recordó que se ha intervenido en su momento y que hay 3 personas que han sido imputadas  por esta causa y que han ido a declarar. “Estas personas habían sido detenidas inclusive, por contar con otros antecedentes también, y nosotros hemos trabajado conjuntamente con el municipio de Charata para generar un relevamiento para ver efectivamente cuántas familias son los que estaban viviendo en ese terreno usurpado”, afirmó.

Registrar para evitar la especulación sobre inmuebles

En ese aspecto, informó que al principio se hablaba de que en el predio estaban 400 familias, pero que ahora se menciona que está habitado por menos de 100 familias. “Justamente esta semana el municipio local se ha reunido con estas personas porque tienen que acceder a un relevamiento para determinar la necesidad de cada familia”, indicó.

Este esquema de registro de tierras usurpadas, sostuvo Soneira, se aplica en todos los municipios y en todos los casos que hay conflicto en el acceso a la tierra para ver con claridad “cuáles son las personas que están y así generar un cruzamiento de datos para corroborar si no habían accedido antes a una vivienda, a un terreno, que nosotros lo podemos hacer a través de las constancias RUBH”.

“Este informe debemos realizarlo, cruzando datos también con el Anses, para ver cuál es la situación efectiva de cada familia, porque muchas veces cuando se dan estas tomas, no todos tienen una necesidad efectiva sino que también muchas veces se genera un proceso de especulación sobre el bien inmueble”, dijo al reconocer que en varias oportunidades en algunas familias sí se observa una necesidad de las familias.

En el caso que se constate una real necesidad, señaló, “se plantea un registro en los Bancos de Tierra para que, a través de los mecanismos correspondientes y de manera legal, se les pueda otorgar el predio donde puedan construir después su solución habitacional”.

Loteos de manera ordenada

Soneira subrayó que en cada una de las localidades de la provincia, incluida el área metropolitana donde hay mucha necesidad de acceso a lotes con servicios, lo que se plantea es “llevar un registro de loteos de forma ordenada, y así poder regularizar cada caso. Es por ello que estamos trabajando con los municipios en los planes de desarrollo urbanístico de cada uno de los municipios en la generación de nuevos lotes”.

Usurpaciones movidas más intereses personales que políticos

La secretaria de Desarrollo Territorial desestimó que esta toma haya estado influenciada por parte de quienes hoy conducen el municipio local, María Luisa Chomiak en el caso de Charata. Soneira, basada en su experiencia del área que ocupa y por indicadores que realizaron en el año y medio de gestión, consideró que muchas veces estas tomas están promovidas por algún sector o por algunos referentes que tienen un interés personal, para después vender el inmueble de forma ilegal.

Por eso, remarcó que desde la Secretaría de Desarrollo Territorial llevan una “fuerte lucha contra las tomas ilegales de terrenos y buscamos generar estrategias en conjunto con los municipios para que no vuelvan a suceder”.

“Buscamos concientizar a la ciudadanía de que efectivamente la toma ilegal de un predio es un delito, ya sea el predio público o privado, y hacer ver que hay otros mecanismos de acceso y que justamente los mecanismos de acceso formales son los que van a garantizar real equidad en cada una de las familias de las distintas localidades de la provincia”, expresó.

Volver a la cultura del trabajo

Soneira planteó la necesidad de implementar mecanismos y herramientas de políticas claras para desalentar la toma de terrenos. “Creo que los chaqueños, y obviamente los argentinos, tenemos que trabajar fuertemente para que sea el trabajo, el esfuerzo individual y también del esfuerzo colectivo, el respeto a las normas de convivencia, el que indique el camino de alcanzar las cosas”

En ese marco, señaló que “una situación de delito, el no respeto a un estado de derecho es algo que debemos cuestionar, porque justamente existen nuestras normativas. Nuestras leyes están para cumplirlas”.

En este punto, destacó que “desde el gobierno provincial y de los gobiernos locales, aquellas personas que estamos comprometidas con políticas públicas efectivas ir marcando el camino de lo que debiera ser, que es el respeto al estado de derecho que tenemos”.

Evaluó al respecto que “el logro de la verdadera justicia social, la equidad social, no implica invadir el derecho de otros, como en el caso de la tierra”.

“La tierra tiene que ser un derecho para todos y todas, pero tiene que ser bien dado y eso tiene que estar bien entendido socialmente no hay otra manera. Tiene que ser a través de procesos planificados de desarrollo urbanístico adecuado con registro y con cruzamiento de datos como corresponden”, consideró Soneira.

Finalmente, concluyó que “el acceso a la tierra implica un sacrificio por parte de las familias porque la tierra no es gratuita, y tiene que ponerse el valor porque hay que generar la infraestructura básica, políticas de estado al servicio de la comunidad. Eso debe realizarse de manera inclusiva no solo para algunos, sino para todos”.





Marta Soneira: “el logro de la verdadera justicia social no implica invadir el derecho de otros”.


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