El proyecto de ley presentado el mes pasado por el diputado oficialista Juan Manuel Pedrini impulsa la reglamentación del régimen de ejercicio profesional de la profesión de abogados y procuradores. El mismo, propone la matriculación por una entidad intermedia de los abogados y las abogadas de la provincia. Sin embargo, esta propuesta no logró hasta el momento un consenso amplio entre los que ejercen esta profesión en el Chaco.

Los abogados Sergio Soucasse y María del Carmen Zalazar, presidente y secretaria de prensa del Colegio de Abogados de Resistencia respectivamente, expusieron su oposición ante este proyecto impulsado desde el oficialismo.

En declaraciones realizadas a Péndulo los profesionales del derecho que esto de buscar una Colegiación obligatoria a la profesión es “un debate viejo”. Remarcaron que luego de más de 20 años de debates, en el 2012, “los abogados logramos la derogación definitiva de aquella vieja y suspendida ley de colegiación obligatoria, que nos imponía un arancelamiento y restricciones para el ejercicio de la actividad profesional”.

Sobre la propuesta del diputado Pedrini expresaron que se trata de un intento de “colegiación compulsiva e ilegal, que además es inhumana e inmoral”. Al respecto marcaron que “los colegios profesionales deben esforzarse para atraer a los profesionales. Si no son capaces de hacerlo, no deben buscar en la ley una forma de obligar a la afiliación de los profesionales”.

“En la actividad del derecho, los abogados enfrentamos con frecuencia al poder político, económico y fáctico y la colegiación que se propone se puede volver una herramienta más para que el poder busque, a través de los consejos profesionales y los colegios, inhibirnos y controlarnos la acción libre de los abogados en defensa de sus clientes”, fundamentaron su postura crítica a esta iniciativa oficial

Es un debate que aparece en tiempos electorales

Para los abogados este proyecto es algo que siempre resurge en etapas eleccionarias. “Da la coincidencia que en tiempos electorales aparece, fluye en el escenario, y por supuesto, las dos posiciones antagónicas muestran que tienen fundamento cada uno quienes expresan lo que piensa”, sostuvieron.

En ese aspecto, rescataron sobre esta discusión de que “se cuidan por lo menos los abogados de no descalificarnos. Esto nos parece un avance importantísimo. O por lo menos no llegar al escenario y al límite que llegan hoy los políticos”.

Señalaron que no encuentran a este proyecto “ni casual ni la forma, en que este intento de colegiación se presenta, tampoco encontramos casual el momento para que esto ocurra, ya que surgió a días de realizarse la elección de los abogados de la matrícula que representarán al estamento en el Consejo de la Magistratura, y ciertamente despierta nuestra suspicacia, que esto suceda sino en ocasión de estar uno de los cinco puestos del Superior Tribunal de Justicia vacante y su reemplazo en plena discusión”.

Los abogados del Chaco ya cuentan con una Ley de amplio consenso

Tanto Soucasse como Zalazar destacaron que los abogados del Chaco ya cuentan con una Ley, la 2275 (antes la 7524), que los representan “de forma libre, no compulsiva”. Esta norma, recuerdan, fue aprobada el 10 de diciembre de 2014 “por unanimidad”, y es una ley que regula el ejercicio de la profesión del abogado y procurador de toda la provincia.

“Fue una de las pocas leyes que en la historia del Chaco fue votada por unanimidad. Es decir, sea de izquierda a derecha, sea la comisión que tengan los bloques entendieron que esta ley que estaba que estaban pidiendo el abogado y fue lo que se votó por unanimidad”, afirmaron.

En cambio, observaron que la Ley que marcaba la colegiación obligatoria fue una “ley infame, que estuvo suspendida en su aplicación por más de 20 años, finalmente fue derogada por la Legislatura, luego de la opinión mayoritaria de los profesionales del derecho respecto de su improcedencia, la ley 3718, suspendida por las sucesivas conformaciones de Legislatura Chaqueña”.

Para los abogados esta norma “no tuvo operatividad por más de 23 años, y fue una ley amañada desde su misma sanción, que provocó solo repudio de parte de aquellos a quienes estaba destinada a regular y por ser una ley de cumplimiento imposible, no es una ley, es un atropello a la razón y a la dignidad humana de todos los profesionales del derecho”.

El proyecto de Colegiación Obligatoria es innecesario

Los abogados plantearon que esta propuesta de Pedrini no cuenta con una demanda social. “No hay un sector de la sociedad que exhiba o haya tenido una queja o haya denunciado alguna disfuncionalidad de la ley vigente como para que se proponga otra”, resaltaron.

“Contamos con una Ley muy reciente, muy joven y que funciona muy bien, donde tenemos todos los medios para ejercer la profesión libremente, como la estamos ejerciendo y sin necesidad de asociarnos a un colegio que es obligatorio, que si no estás asociado no podés ejercer y si no pagás, tampoco”, dijeron sobre la Ley 2275.

En este aspecto, concluyeron que “una de las grandes preguntas que tenemos es: ¿cuál es la necesidad de la reforma de una ley tan nueva y encima de vanguardia porque protege los derechos de la mujer, protege y fue votada por unanimidad?”.

Por esa senda, destacaron que la Ley actual vigente que rige la actividad de los profesionales del derecho “fue una ley que se discutió, que tuvo consenso, que se votó por unanimidad, que protege a la mujer embarazada, que defiende la igualdad de género, y que además, el abogado que tiene alguna incapacidad lo protege”.

El 90 % de los abogados del Chaco están en contra la Colegiación Obligatoria

Finalmente, apuntaron que el 90 % de los profesionales del derecho en la provincia se oponen a la propuesta de la colegiación obligatoria de la actividad. Ante eso, insistieron en marcar la falta de tacto para observar lo innecesario de esta propuesta.

“Es un proyecto que sacó Pedrini en plena pandemia, después de que en el 2020 llegó este virus que mató al mundo, y que la profesión del abogado fue destruida en el Chaco, y que en este 2021, tanto la provincia como el mundo sigue totalmente mal económicamente”, remarcaron al sostener que esta propuesta solo se entiende “a partir de una finalidad recaudatoria”.

Para rematar, sostuvieron que “Pedrini está en absoluta soledad impulsando este proyecto. “De los 31 diputados, 30 no van a acompañarlo”, señalaron al definir que “¿Qué consenso va a haber? donde al abogado si no se inscriben, no puede ejercer, si no paga, no ejerce. Hay una crisis económica y encima trae un impuesto al ciudadano por cada juicio. Es decir, si no paga el impuesto no puede acceder a la justicia”.

En definitiva, calificaron que la iniciativa de Pedrini tiene una sola calificación posible: “corporación, recaudación, formar un ente que maneje toda la plata de los ciudadanos y de los abogados, es decir, el 70 por ciento queda afuera, mientras que solamente quedarán trabajando entre el 25 al 30 % de los abogados de la provincia”.

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