Polémica por las intimaciones judiciales que realizó la gestión de Gustavo
Abogados del municipio de Resistencia salieron al cruce de una denuncia que hizo el concejal Fabricio Bolatti.
El concejal de Resistencia, Fabricio Bolatti, denunció por diferentes medios las supuestas ganancias de 200 millones de pesos por honorarios que generó las más de 63 mil causas judiciales que realizó la administración municipal de la capital chaqueña a contribuyentes que tenían alguna mora impositiva. También Bolatti afirmó que estos cobros realizados por los abogados del municipio eran ilegales, y ante ello, pidió la nulidad de esas ejecuciones judiciales que se realizan en la “capital más pobre del país”.
Esta denuncia provocó que los abogados litigantes salieran a expresar una postura diferente al edil municipal. “Pedimos nuestro legítimo derecho a réplica con el objeto de evitar confusiones a nuestros contribuyentes, ya que esta denuncia del concejal presenta consideraciones que no se condicen con la realidad”, expresaron los abogados.
Los letrados municipales aclararon que en lo que respecta a ejecuciones fiscales “fue a consecuencia de deudas generales por impuestos, tasas y tributos debidamente acreditados y certificados previamente por la Dirección General Tributaria ante el incumplimiento en la obligación de pago de los contribuyentes, en su debido plazo legal para realizarlo, ya sea esta una persona física o jurídica”.
En ese sentido, marcaron que antes de estas acciones judiciales contra los contribuyentes el municipio “ha intentado su cumplimiento con anterioridad mediante citaciones e intimaciones efectuadas por el municipio; resultando tal situación el origen de una causa judicial con el objetivo de obtener su cobro”.
La morosidad afecta al funcionamiento del municipio
Los letrados consideraron que esta situación de morosidad “afecta la gestión diaria en lo que respecta a la ejecución del presupuesto, del plan de obras, del pago de las obligaciones del estado municipal que repercute en la prestación de los servicios, y por ende en no alcanzar un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos de Resistencia, siendo también esta función de la gestión del cobro judicial de la deuda, reducir esa morosidad pero también un acto de justicia para con los vecinos que están al día y cumplen a tiempo sus obligaciones impositivas”.
Para marcar la injusticia que se genera a partir de esa conducta de morosidad de ciertos vecinos respecto de otros que sí pagan sus impuestos en tiempo y forma, señalaron que “son miles de contribuyentes resistencianos, que aún en estos tiempos de crisis y pandemia han pagado sus impuestos, posibilitando al municipio la realización de su plan de trabajo diario”.
Los abogados litigantes son personal de planta del municipio
Sobre otros dichos de Bolatti, que sostuvo “son solo trece los abogados que llevan la tarea de la ejecución fiscal de impuestos, tasas y tributos impagos”, replicaron al remarcar que “esos abogados somos todos empleados de planta permanente del municipio y con el título de la representación legal debidamente acreditado en los procesos donde intervenimos”.
En esa senda, subrayaron que “hemos actuado en dicho carácter por orden de la conducción política del municipio. Tal como se viene haciendo hace años en procura del recupero de deuda originada en el incumplimiento de las obligaciones impositivas”.
Los abogados observaron que ante esa situación “se realiza un esfuerzo diario, con las propias limitaciones edilicias y de equipamientos que son propias de todo organismo público, pero además, ejecuciones fiscales, también nos ocupamos de la defensa legal del municipio ante demandas civiles, contenciosas administrativas, laborales, procesos penales, acciones de amparo, medidas cautelares y autosatisfactivas, ejecuciones de sentencias, honorarios y procesos de embargos; en definitiva intervenimos en todos los sucesos judiciales en los cuales el municipio es parte y tenga interés jurídico”.
El cobro de honorarios
En relación a la regulación de honorarios en los citados procesos que citó el concejal Bolatti, resaltaron que “todos los abogados en relación de dependencia con el Estado provincial o municipal se rigen por la Ley 465-C que es de orden público, la cual habilita en su artículo 3° la percepción de honorarios reducidos en un 25 % del total que le correspondería a un abogado que no esté en relación de dependencia con el estado”.
En esa línea, destacaron que la misma normativa realiza una distinción en beneficio del contribuyente, que llegado el caso le será menos costoso pagar los honorarios de un profesional en relación de dependencia con el estado provincial y/o municipal que a un profesional externo que se le encomiende la misma tarea, como ocurriera en otros períodos. Asimismo, indicaron que “resulta utópica la cifra mencionada por el concejal Bolatti, atento a que la masa deudora judicializada, no se logra el recupero de la totalidad de la misma”.
Finalmente, insistieron en aclarar que la ejecución de deuda es el único medio que posee el municipio para lograr el recupero de sus legítimos recursos, ya que a diferencia de otros servicios públicos como luz o agua, en los que se procede al corte del suministro ante la falta de pago.
Ante eso relacionaron que lo que se da en una gestión municipal es una situación muy distinta a lo que ocurre con los cobros de Secheep o Sameep, “porque una gestión municipal debe ocuparse diariamente de la prestación de servicios esenciales para el vecino, como por ejemplo la recolección de residuos, el control bromatológico, el ordenamiento vehicular, o algo tan común o habitual como el mantenimiento de espacios públicos”.
Los abogados del municipio capitalino que firmaron esta misiva contra la denuncia de Bolatti son: María Soledad Fernández, Tania Alegre Rahn, Sergio Rubén Almirón, Guadalupe Amalia Jenefes, Verónica Cecilia Meiriño, Sebastián Ariel Marenco, César Iván Romano, Cynthia Elizabeth Ortiz, Laura Cecilia Tofaletti, Judith Andrea Núñez, Silvia Noemí Alunni, Daniel Ramiro Fernández Aselle, Carolina Beatríz Meiriño, Patricia Elena Guitart.
