Intimaciones judiciales a contribuyentes en Resistencia
Bolatti y Salom: “Se hizo a espaldas de la sociedad, era injusta y pareciera que a Gustavo lo estuvo asesorando Rasputín”.
La polémica suscitada por las más de 63 mil causas judiciales a contribuyentes morosos de Resistencia y que habrían generado ya más de 200 millones de pesos de ganancias por honorarios de los abogados del municipio capitalino chaqueño tuvo varios capítulos más esta semana.
Más allá de que el 9 de junio pasado, el intendente Gustavo Martínez emitió la resolución 1401 en la que definió “disponer la suspensión transitoria del trámite de las causas judiciales iniciadas para el recupero de los créditos fiscales”, el tema dista bastante de estar cerrado.
Los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti-Frente Grande- y Carlos Salom-UCR-, expresaron por Péndulo esta semana sus críticas sobre cómo la gestión de Gustavo encaró las ejecuciones judiciales a las que consideraron ilegales y que fueron realizadas en un contexto de arrastre de años de crisis económica, que se acentuó el año pasado producto de la irrupción de la pandemia.
Es sano y sabio corregir errores
Bolatti indicó que el hecho de que el municipio resistenciano haya suspendido estas ejecuciones fiscales “no implican necesariamente un retroceso, porque siempre se debe dejar la puerta abierta a la buena intención primero, y después al error, porque todos nos podemos equivocar, y es sabio y sano poder corregir los errores que cometamos”.
De todos modos, el edil del Frente Grande precisó que esas más de 63 mil intimaciones judiciales que realizó la administración municipal de la capital chaqueña a contribuyentes que tenían alguna mora impositiva fueron ilegales, y ante ello pidió la nulidad definitiva de esas ejecuciones judiciales que se realizan en la “capital más pobre del país”.
Para Bolatti esta decisión de cobrar masivamente y vía ejecución judicial los tributos adeudados al Municipio por parte de las y los contribuyentes de la ciudad habría llegado a generar 63.000 expedientes judiciales, los que, “en concepto de honorarios mínimos, ya habrían devengado más de $200 millones de pesos, los que, a través del sistema diseñado por el intendente y Fiscalía Municipal, deben ser cobrados en efectivo, al contado y en mano por solo 13 profesionales que detentan el mandato. Todo sin justificar, donde rigen las excepciones a las leyes que prohíben el cobro extrajudicial de honorarios de este tipo”.
En ese aspecto, aseguró que el mecanismo de judicializar las deudas antes de ingresar a la moratoria implica un “avasallamiento a los derechos de los vecinos”.
Propuesta para suspender todo este año estas causas judiciales
Bolatti señaló que en la Comisión de Asuntos Generales del concejo capitalino se analizó el proyecto de su autoría para declarar la Emergencia Social – Tributaria, por la que se propone “suspender la presentación e impulso del cobro vía ejecución judicial de los créditos que pueda tener el Municipio contra los contribuyentes en todo este año”.
En ese sentido, analizó que “la estrategia del intendente para el cobro de deudas vía judicial comienza a dejar a la vista sus consecuencias, ya se puede observar quiénes saldrán perjudicados y a quiénes beneficia la misma, también el impacto que tiene sobre las arcas municipales finalmente, y sobre las familias contribuyentes, que son la razón principal de la institución”.
Las intimaciones judiciales se hicieron a espaldas de la sociedad
Por su parte, Salom recordó que la suspensión de estas intimaciones judiciales fue producto de “la movida de la oposición y el descontento generado en toda la comunidad que hizo dar marcha atrás al intendente Gustavo Martínez en su intención de ejecutar judicialmente las deudas de los vecinos”.
“Se trataba de una injusticia más de esta gestión municipal, a espaldas de la sociedad que carece de empatía con los vecinos y dejó al descubierto, una vez más, la sed por obtener recursos de cualquier forma, sin importar la grave situación económica por la que atraviesa toda la sociedad”, remarcó el edil radical.
En tal sentido, Salom precisó también que tanto él como los concejales María Teresa Celada y el mismo Bolatti, presentaron propuestas para parar las ejecuciones durante todo 2021, lo que consideró “una injusticia” porque los pedidos de ejecuciones judiciales de deudas de los vecinos llegaba en un momento “muy delicado de las economías de la mayoría de las familias de Resistencia”.
Voracidad por recaudar sin brindar servicios
Parafraseando a Argentino Luna, Salom remarcó que este hecho que Gustavo se “echara pa tras” visibilizó “la voracidad por recaudar que tiene Gustavo, y sin brindar servicios, porque fue un año que prácticamente sin gestión, en una pandemia que se agregó, y que le pegó un cachetazo más a los ciudadanos de a pie, que viven día a día, los cuentapropistas, privados, y encima les caemos con intimaciones judiciales, con pago de honorarios”
En esa senda, apuntó que pareciera que a Gustavo “lo estuvo asesorando Rasputín, porque esta medida fue un error conceptual de la política, porque aplicarlo en situaciones como la que estamos viviendo, verdaderamente muy difíciles, lo que tenemos que hacer es administrar con transparencia, con austeridad, con ejemplos, y no contratando ciento de personas en un año tan complejo, y todo a espaldas de la sociedad”.
Finalmente, Salom insistió en subrayar que, pese a esa “voracidad recaudatoria” la gestión de Gustavo en general no se destacó por “otorgar aumentos a empleados municipales, no descolló por prestar servicios, y la sensación es que siempre quiso pescar en la pecera”.
