Más allá de la pandemia, que es un tema preocupante, claro, pero es algo coyuntural, hay varios problemas estructurales que arrastra la provincia chaqueña y todas las provincias del norte argentino. Dos clásicos contratiempos en el Chaco, que tienen indudablemente una matriz estructural, están enmarcados por el funcionamiento de las empresas de servicios estatales-Secheep y Sameep- y el déficit habitacional.

Por ello, ante la crisis económica acentuada por la irrupción del coronavirus en el país y la provincia, no sorprendió que el ejecutivo chaqueño a fines del año pasado haya optado por dilatar el debate por el aumento en la facturación de estos servicios básicos. El gobierno provincial decidió en ese momento postergar para los primeros meses de este 2021 la concreción de audiencias públicas en la que se analizarán incrementos en los servicios de energía y de agua potable.

A su vez, distintos dirigentes provinciales señalaron que durante todo el gobierno de Mauricio Macri todas las viviendas programadas, como otras obras esenciales, estuvieron prácticamente “paralizadas” en el Chaco. Hablando de viviendas, surgieron cuestionamientos ante un cambio sorpresivo en el formato de pagos de las viviendas regenteadas por el Instituto de Viviendas chaqueño.

Servicios y vivienda digna. Son tan solo dos de los problemas estructurales en la provincia que requieren un enfoque político de circunstancia para hallar una solución de raíz.

¿Secheep y Sameep subirán un 50 % sus tarifas a partir de febrero?

La empresa provincial de energía eléctrica informó que desde el lunes 11 de enero ya comenzaron la inscripción para la audiencia pública que se realizará el próximo 5 de febrero en La Leonesa, en la que se debatirá la actualización tarifaria y el cargo tarifario específico. Al respecto, el jefe de la bancada opositora en la legislatura chaqueña Carím Peche denunció que el gobernador Jorge Capitanich convocó esa audiencia pública “para respaldar el aumento del 50 por ciento de la tarifa de Secheep y también de la empresa provincial de agua potable Sameep”.

Pero el dirigente del radicalismo chaqueño fue más allá al sostener sobre el proyecto de Ley 1676/20 del Poder Ejecutivo provincial por el cual se crea la Empresa del Estado de Obras y Servicios Integrales del Chaco es realidad un maquillaje que emplea el gobernador para ocultar su intención de realizar un “vaciamiento y privatización de Secheep y Sameep”.

El dos veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña y presidente del bloque de diputados de la UCR, adelantó que no apoyará la iniciativa oficial. “Es el camino al vaciamiento y privatización de diversos servicios y prestaciones que realiza el Estado provincial, entre ellos los que brindan las empresas Secheep y Sameep, y no lo vamos a permitir, haremos lo que haya que hacer”, afirmó Peche al definir que “Capitanich sabe que una privatización directa de estas empresas no iba a prosperar porque requiere de una reforma constitucional y porque es rechazada por todos los chaqueños”. Ante esto, Peche recordó que en los 90 Capitanich supo mostrar su vocación privatizadora ”que quedó plasmada en su libro La Sumergida, en el que pergeñaba esta artimaña como estrategia privatizadora, que contradice lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Provincial”.

Capitanich: Decir que el gobierno busca privatizar Secheep y Sameep es “una estupidez de la oposición”

En el último día del año pasado, el mandatario provincial salió al cruce de esa intención privatizadora que le apuntó la oposición. “Es una estupidez que yo no sé por qué todo el tiempo dicen en la provincia por parte de la oposición. La verdad que son irrespetuosos”, señaló el gobernador, y aclaró: “nosotros mandamos un proyecto de Ley para el tema de obras y servicios para que muchos servicios privatizados sean prestados por una estatal, si eso creen que es privatizar, es una falta de lectura o mala intención de mentir exacerbadamente”.

En ese sentido, acusó que “muchos defienden intereses malintencionados de gente que son proveedores del Estado y que pretenden manipular los intereses del Estado”, y agregó que esto también se extiende a la cuestión impositiva de zonas rurales, donde indicó que entre los detractores políticos de las medidas hay algunos que “durante 20 años han desmontado, tenido un sistema de ganancia de capital y no quieren pagar impuestos rurales”.

Por otra parte, también recogió críticas al funcionamiento de algunos servicios y manifestó que “en Chaco todos fustigan a las empresas públicas, pero los usuarios le deben cerca de $10 mil millones”. “Por un lado quieren servicios de calidad con tarifas desfasadas, por otro lado quieren inversiones extraordinarias para atender la demanda creciente sin un nivel de esfuerzo tarifario. Es muy difícil”, aseguró.

¿Qué hacer con los enganchados?

A la hora de analizar estas definiciones cruzadas entre el gobierno provincial y la oposición en relación a Secheep y Sameep, la denuncia opositora pierda fuerzas en el momento de la fundamentación. Se debe destacar que la convocatoria a la audiencia pública tiene un propósito principal: aumento de la tarifas. No hay en ese aspecto ninguna plataforma que induzca a pensar en una inminente privatización de estas dos empresas públicas.

En esa línea, aun antes de encarar el aumento de estos servicios, el gobierno provincial tiene otro objetivo fundamental: ingresar a todos aquellos usuarios que hoy están enganchados y que no pagan un solo peso por el servicio de energía eléctrica o de agua potable. No hay hasta el momento indicadores oficiales que precisen cuántas personas son beneficiadas de hecho al estar “colgados” de estos servicios vitales. Ni siquiera se sabe qué porcentajes del total de usuarios (¿un 15 o el 20 o el 30 por ciento?) representan esta cantidad de “enganchados”. Esta problemática no es excluyente del área metropolitana del Gran Resistencia sino que se extiende hasta Puerto Tirol, Colonia Benítez, y también al resto del Chaco.

¿El Estado debe hacerse cargo de “los enganchados”?

A partir de esto, es necesario plantear algunos interrogantes medulares sobre el funcionamiento de estas empresas públicas de servició eléctrico y de agua potable: ¿Qué porcentaje tienen aquellos que están enganchados? ¿Por qué el Gobierno no toma una tarifa social y se hace cargo de los enganchados? Otra pregunta central es: ¿por qué el sector privado, el usuario común que paga normalmente por mes “la tarifa más alta del país”-algo que el mismísimo gobernador supo reconocer-tiene que hacerse cargo de aquellos que están enganchados?

En la misma senda, se debe subrayar que esos usuarios comunes, que están monitoreados permanentemente y se les toma registro de lo que consumen, son lo que “bancan” a los que están enganchados. ¿No debería hacerse cargo el estado de eso? ¿Tiene este tema un lugar en la audiencia pública del 5 de febrero? ¿No va siendo momento de hallar una respuesta de fondo?

UVI: Críticas ante el cambio de modalidad de pagos que hizo el IPDUV

A nuestra redacción, y también a la de otros medios de la provincia, llegó la preocupación de vecinos respecto del cambio del sistema de pago acordado con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) para la adjudicación de sus viviendas sociales, que fueron entregadas en agosto de 2018. Según señalaron vecinos del barrio 80 viviendas, desde el Instituto de Viviendas “pretenden actualizarlo por un sistema UVI (Valor de Unidad de Vivienda), que es posterior a nuestro convenio”.

“Queremos responder a ese discurso político de pedido de solidaridad, algo que no corresponde en el momento que ellos nos modifican la forma de pago, la forma de cuotas. Ellos no están respetando el convenio inicial. Ellos están faltando a su palabra, cambiando lo pactado inicialmente. Nosotros estamos de acuerdo con ser solidarios, lo somos siempre en nuestros lugares de trabajo, en nuestra comunidad, entre vecinos, pero ahora quieren recaudar fondos convirtiendo a la vivienda, derecho primordial de los ciudadanos, en un negocio. Yo quiero recordar que el propio gobernador Capitanich dijo que la vivienda es un bien social”, contó una profesional de Resistencia a través de un mensaje de whatsapp a nuestro medio.

El déficit habitacional no es un problema menor en la provincia. Vale recordar que hace poco el Presidente del Instituto de Viviendas de la provincia Diego Arévalo precisó que en el Chaco “hay 90 mil personas que pugnan por acceder a una vivienda digna”. El Estado no puede ser un actor de reparto en este punto. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional nos recuerda que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una vivienda digna.

Una causa común para afrontar problemas estructurales de un norte postergado

Decíamos que tanto el costo de los servicios esenciales-energía eléctrica y agua potable- como el hecho de garantizar una vivienda digna reflejan problemas estructurales no solo del Chaco, sino de toda la región norte. Pero, ¿cómo podrían resolverse estos inconvenientes estructurales? Sergio Schneider en la clásica columna dominical de Diario Norte-reemplazando al recordado Miguel Ángel Fernández- citaba hace unas semanas al catedrático y referente del periodismo español Ángel Benito-que falleció el mes pasado- con una frase emblemática que diera el icónico periodista ibérico: “los pueblos triunfan cuando tienen causas”. Entonces, una salida para enfrentar esta falla estructural podría estar en encontrar una “causa común”. La sociedad chaqueña, y todo el norte del país históricamente postergado, debe tener una causa por la que luchar. ¿Y sabe cuál puede ser esa causa? Justamente, la conformación del Consejo Regional del Norte Grande, que abarca a los gobiernos de las provincias de Chaco, Formosa, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Salta. “A problemas comunes, una solución integral”, podría ser un lema de esa causa regional.

Ojalá que Jorge Capitanich, elegido por unanimidad como presidente pro témpore de esta Asamblea de Gobernadores, pueda hacer operativa a esta histórica organización multiprovincial para resolver aquellos problemas centrales que aquejan a esta parte del país.

En ese camino, no es casual que en el discurso de inauguración de este Consejo Regional el mandatario chaqueño haya marcado que uno de los temas fundamentales que debe encauzar son las obras públicas estructurales que necesita el Norte Grande. Capitanich hasta se animó a proyectar una inversión estimada para estas obras prioritarias: 30.000 millones de dólares. ¿Se podrá hacer?

En este escenario complejo, lleno de dificultades pero también con oportunidades que exige de la dirigencia política una alta cuota de audacia, es que consideramos a esa coalición regional del Norte Grande como una causa para abrazar como respuesta a estos problemas estructurales apuntados, y ni hablemos de la pobreza. Usted dirá ¿y el Covid-19? La pandemia es un hecho pasajero, que hoy afecta muchísimo al mundo, pero como ocurrió ya con otras pandemias, en un tiempo pasará a la historia. Mientras tanto, los problemas estructurales de nuestro norte postergado persisten y atravesarán esa coyuntura sanitaria.

En ese contexto se impone la necesidad de apostar al proyecto Norte Grande para levantar la bandera común de las necesidades y derechos pendientes que restan apuntalar en esta región. Además, hay dos pilares que no pueden ser descuidados para impulsar definitivamente un futuro regional promisorio: calidad educativa e independencia económica.

A todo lo mencionado, se debe agregar que estas necesidades regionales impone un férreo y homogéneo bloque multiprovincial a la hora de defender esas urgencias. Esa falencia estructural histórica que afecta a esta vasta región argentina no puede depender del humor del presidente de turno- que generalmente surge del AMBA- para que tanto los fondos coparticipables como así también los recursos discrecionales sean repartidos acorde a tales necesidades de las provincias que componen el Norte Grande.

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