El Caso Cecilia encendió el debate en la sesión legislativa


Oficialismo y oposición coincidieron en el reclamo de justicia por la joven presuntamente asesinada por la familia Sena. Sin embargo, la lectura política del hecho, dividió las aguas y generó acalorados discursos. Luego sancionaron seis proyectos pautados en el Orden del Día acotado.   El presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski generó un debate previo al tratamiento […]

Oficialismo y oposición coincidieron en el reclamo de justicia por la joven presuntamente asesinada por la familia Sena. Sin embargo, la lectura política del hecho, dividió las aguas y generó acalorados discursos. Luego sancionaron seis proyectos pautados en el Orden del Día acotado.  

El presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski generó un debate previo al tratamiento del Orden del Día de la sesión ordinaria de este miércoles, donde las y los legisladores de los distintos bloques protagonizaron una acalorada discusión. Aunque la consternación y el reclamo de justicia  fue unánime, la lectura del contexto en el que se produjo el hecho dividió fuertemente las opiniones. Mientras que en la oposición hablaron de la responsabilidad del Gobierno por “empoderar” a ciertos movimientos sociales; desde el oficialismo denunciaron una “campaña sucia” con especial ensañamiento contra el gobernador Jorge Capitanich. 

Ese acuerdo parcial permitió consensuar la aprobación unánime de dos pedidos de informes impulsados por legisladores de la bancada opositora. 

El primero referido a “los fondos recibidos tanto a nivel nacional como provincial por parte de los movimientos sociales, especificando su asignación, ejecución, beneficiarios, cantidad de movimientos sociales y sus respectivos miembros, así como cualquier otro dato relevante que se considere necesario para la comprensión y seguimiento de la gestión de dichos recursos”.

La segunda Resolución, en tanto, tiene que ver con las “acciones concretas que se llevan a cabo en las Unidades Educativas de Gestión Social que funcionan en el Barrio Emerenciano Sena de la ciudad de Resistencia”.

Visiones contrapuestas

Desde el bloque de la UCR, Alejandro Aradas apuntó que “estos personajes (por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con sus respectivos movimientos sociales) se manejaban con total impunidad y eso pasaba porque alguien se lo permitía; a pesar de haber sido amenazados (cuando arribó a la provincia la ahora precandidata a presidenta Patricia Bullrich), nunca recibimos un mensaje de respaldo que no sea de nuestros compañeros”. 

En esa línea, argumentó que “hay situaciones que, por lo menos yo en lo particular, lo vengo denunciando hace muchísimos años, y tiene que ver con este empoderamiento que le dan a determinados personajes”. “La falta de acción por parte de los organismos que deberían actuar también es impunidad, porque resulta ser que determinados personajes tienen la impunidad de, un acto patrio, izar pabellones de otro país (en referencia a las banderas de Cuba y Venezuela utilizadas en la escuela del barrio Emerenciano): hicimos la denuncia y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. No hubo nada”, aseguró. 

A la vez, rememoró el tiempo en que fue concejal de la ciudad de Resistencia, en virtud de los pasos legales necesarios para  modificar o proponer el nombre de, por ejemplo, una calle. “Esto es para los mortales que vivimos dentro de determinadas normas, pero para otros, no: otros se pueden levantar y decir, este es mi barrio, yo le pongo el nombre a las calles que yo quiero”, dijo en relación al nombre del barrio Emerenciano y del Centro de Recreativo “Santiago Maldonado”. “No digamos que no hay situaciones de impunidad y el de hacer lo que a mí se me canta la gana porque el que tiene que controlar no controla: hay situaciones de beneficio y de licencia para determinados personajes”, cerró. 

La justicia como bandera

Desde el oficialismo, Luis Obeid remarcó: “Acá se dijo que hubo silencio por parte del oficialismo y yo diría que no hay que confundir silencio con prudencia”. Además, planteó que “no hay que confundir un acto delincuencial, un asesinato y tratar de esforzarlo con una situación política que en este momento está obviamente a flor de piel”. 

Sin embargo subrayó que su intervención apunta nada más que a “expresar la tristeza, la amargura, lo shockeante de esta situación, lo increíble de esta situación macabra”. “Me quedo con la expresión del primer mandatario provincial, que dijo, todos los chaqueños tenemos que estar unidos en una sola bandera: justicia para Cecilia”. 

Leyes sancionadas

Tras el debate por el Caso Cecilia, se abordaron los puntos de la alteración del orden del día, y se aprobó en forma unánime la iniciativa impulsada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Elida Cuesta, declarando Patrimonio Histórico y Cultural del Chaco, al edificio educativo en La Verde, donde funcionó la primera Escuela Primaria urbana, la antigua Escuela Secundaria N° 20 e inicialmente la Biblioteca Pública N° 37 “Alejandro María Aguado”.
En igual sentido, se sancionó la creación del portal web “Mujeres Rurales” a través del cual las mujeres que residan en zonas rurales de la Provincia tendrán acceso a todo aquello relativo al universo de la actividad rural y la mujer, iniciativa de los legisladores Juan Manuel Pedrini (MC) Y Hugo Sager. 

Otro de los proyectos convertidos en Ley fue el promovido por las diputadas Cuesta, Charole y Vargas (MC), que adhiere la provincia del Chaco a la Ley Nacional de “Sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria”.

Impulsadas por legisladoras de la UCR, se sancionaron modificaciones al Estatuto del Docente: la primera con el objetivo de acompañar a docentes que iniciaron los Proyectos Educativos Hospitalarios y Domiciliarios en la Provincia, cuyos títulos hoy no cuentan con la validez del Ministerio de Educación; y el segundo en relación a los interinatos y suplencias estableciendo una protección ante desplazamientos arbitrarios  para docentes designados con competencia en el área.

Además, se aprobó la reinstauración de la Ley 3088-A de expropiación del inmueble ubicado en la zona rural del departamento Libertador General San Martín, y se ratificaron por Ley decretos del poder Ejecutivo que establecen actualizaciones en bonificaciones y asignaciones para distintos sectores de la administración pública.








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