PAMI: por qué un cambio en la compra de insumos para beneficiarios aumenta la espera para acceder a procedimientos


La obra social de jubilados y pensionados cambió el proceso de adquisición de dispositivos y otros insumos necesarios para prácticas en más de 30 especialidades; críticas del Defensor de la Tercera EdadUna decisión del PAMI a comienzos de este año está sumando demoras en el acceso a ciertas prestaciones en un sistema de salud que […]

La obra social de jubilados y pensionados cambió el proceso de adquisición de dispositivos y otros insumos necesarios para prácticas en más de 30 especialidades; críticas del Defensor de la Tercera Edad
Una decisión del PAMI a comienzos de este año está sumando demoras en el acceso a ciertas prestaciones en un sistema de salud que no termina de dar abasto para ponerse al día con la demanda tras la pandemia de Covid-19. Con la implementación de la libre elección de especialistas desde marzo pasado, la obra social de jubilados y pensionados cambió el proceso de compra de dispositivos y otros insumos necesarios para procedimientos en más de 30 especialidades y, frente al reclamo de los pacientes por demoras, hay profesionales que lo atribuyen a que la compra de esos materiales pasó a ser parte de la práctica médica en el lugar de atención.

En una de las salas de espera de un hospital especializado en oftalmología de la zona oeste del conurbano bonaerense, los pacientes aguardan a que los llamen para completar los estudios previos a una cirugía de cataratas. Un médico abre la puerta de uno de los consultorios y pide la atención de todos: les informa que hay demoras en la entrega de lentes intraoculares que el hospital había tenido que tramitar porque el PAMI dejó de entregarlos con el cambio del modelo de contratación. A tres de esos pacientes recién los operaron el lunes pasado, casi tres meses después de aquella reprogramación y a 13 meses de la fecha inicial prevista en mayo del año pasado. No lo dice el profesional, pero sí lo comentan los pacientes: además del tiempo perdido y la angustia por recuperar la visión, se suma que el costo de las lentes, como de otros productos, también corre al ritmo de la inflación
Estos inconvenientes se repiten con otras especialidades, según sostuvo Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. También alertó sobre la falta de especialistas para atender en todas las jurisdicciones la demanda de los afiliados, que sigue retrasada desde la pandemia de Covid-19. Ante la consulta de LA NACION, la obra social de jubilados, pensionados y veteranos de Malvinas aclaró que se incorporaron 1000 profesionales desde la implementación de la libertad de elección de especialistas, a la vez que reconoció que el número aún es insuficiente para atender las necesidades de cinco millones de beneficiarios en el país.

Sobre el cambio del sistema que le transfirió a especialistas o centros de atención la compra de insumos, desde PAMI explicaron que el valor del módulo que se factura por la prestación aumentó e incluye la práctica profesional y el costo adicional del insumo utilizado.
Los datos que esa cobertura estatal exhibe de las operaciones de cataratas indican que de 7014 intervenciones que en promedio se hacían por mes el año pasado, en lo que va de 2022 pasó a 11.613 procedimientos. Las consultas oftalmológicas subieron un 40% y se cubrió la entrega de 100.000 anteojos. Las ópticas, como los centros de estudios de diagnóstico por imágenes, también pasaron al sistema de libre elección.

“Todos los valores de referencia para prácticas e insumos se fijaron de acuerdo con la información brindada por profesionales y representantes de los oftalmólogos sobre los precios que ellos pagan por los lentes de forma particular —indicó un vocero de la obra social—. Es decir, el PAMI paga lo que ellos pagan como particulares.”

A la vez, aclaró: “Siempre que se migra del sistema de capitado al de pago por prestación, hay sectores minoritarios que se resisten porque su negocio era cobrar por no atender. Sin embargo, como indican los números, la mayoría está satisfecha y trabaja porque, ahora, cobra más y mejor”.

Al solicitar datos del impacto en las demás especialidades alcanzadas, señaló: “Desde que iniciamos con la libertad de elección, dimos más de 13 millones de turnos en concepto de todas las especialidades y diagnósticos por imágenes”.

Turno para 2025
Ayer, el equipo de Semino intervino en otro reclamo con una demora inexplicable: un reemplazo de cadera en una mujer de 55 años, pendiente desde noviembre del año pasado, por un retraso en la entrega de la prótesis. El nuevo turno en un prestador porteño del PAMI es recién para 2025. “Con las cirugías de rodilla está pasando lo mismo —amplió el defensor—; y para cuando el paciente llega a la operación, ya hay que resolver un problema también con la otra pierna.”

Desde el PAMI argumentaron que las demoras son generalizadas, en todo el sistema, y se comparan con los retrasos en los turnos que también están ocurriendo en las coberturas privadas más costosas. Pidieron, a la vez, poner en perspectiva problemas aislados en cinco millones de afiliados. Pero son, además, los que no se suelen resolver con la ayuda de familiares o pagos adicionales, que pueden ir desde $150 por una receta hasta $15.000 por asociarse a un plan de cobertura ofrecido por un prestador solo para agilizar el acceso a prestaciones que se facturarán a la obra social o más por insumos específicos, de acuerdo con denuncias recibidas.

“El desborde es absoluto”, afirmó Semino. Lo atribuyó, entre varios motivos, a la falta de gestión y la desarticulación. Su equipo lo ve a diario, según contó, en la atención de reclamos de afiliados y las presentaciones o intervenciones cuando el problema demanda atención urgente. En su celular, recibe pedidos y consultas de todo el país.

“Se suma, también, el estrés pospandemia —agregó—. El sistema está muy estresado y se ha ido personal del sistema, en especial los especialistas.” Con esto, un turno por una derivación del médico de cabecera, por ejemplo, es a cuatro o cinco meses. La indicación de un estudio de baja complejidad para avanzar a un diagnóstico suma una espera de un par de meses más. Si es necesario un tratamiento, pueden pasar 10 meses o un año, según resumió.

“Pero como la enfermedad no espera, lo que está pasando es que estalla en el proceso: los mayores tienen que ir a una guardia y muchos están quedando en el camino —apuntó Semino—. Esto es un disparate desde lo humanitario y, también, lo económico porque el costo que asume el sistema de salud por la atención en urgencia de una complicación aguda es enorme.”

Un jubilado con dos internaciones de urgencia previas por complicaciones cardíacas recibió una derivación a cardiología de su médico de cabecera. El turno, con dos meses de espera, coincidió con el feriado del 2 de septiembre por el atentado contra Cristina Kirchner. El lunes le informaron que se había reprogramado recién para diciembre. El paciente, que se presentó ante la Defensoría de la Tercera Edad, tenía un diagnóstico con indicación de colocación de un marcapasos.

Otros reclamos incluyen las cirugías de cataratas, con una espera promedio de un año para la cirugía, la entrega posquirúrgica de trípodes o sillas de rueda, con una demora de tres meses, y la disponibilidad de residencias para adultos mayores, con o sin control psiquiátrico, luego de un alta clínica. Un circuito administrativo “monumental”, como definió Semino, también colabora con una cadena de demoras que “deteriora al paciente y disminuye su capacidad de rehabilitación”, con ofertas para resolverlo a cambio de pagos adicionales. “Donde hay una necesidad, sobre todo en algo tan delicado como la salud, y más de un adulto mayor, hay un negocio”, alertó el defensor.

LaNación








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