Por un “locrazo” de Luis Juez, la Justicia investiga a la UCR, al Frente Cívico y al Ejército


El juez federal Miguel Vaca Narvaja dispuso un serie de procedimientos en la Casa Radical, la sede del Frente Cívico

Buscan dilucidar si los militares colaboraron en el acto que hizo el precandidato a gobernador de Juntos el 1 de Mayo.

El juez federal Miguel Vaca Narvaja dispuso un serie de procedimientos en la Casa Radical, la sede del Frente Cívico, el Tercer Cuerpo del Ejército y el club Sociedad Belgrano en el marco de la investigación por la presunta participación del Ejército en el locro que Luis Juez, líder del Frente Cívico y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, realizó el 1 de mayo, evento en el que participaron los principales dirigentes radicales.

El fiscal federal Enrique Senestrari, quien pidió los procedimientos, confirmó a LPO que el pedido de información fue para las dos agrupaciones políticas, el club donde se hizo el evento político y el Tercer Cuerpo del Ejército. “El objetivo es buscar información sobre el evento, qué tipo de contratación se hizo con el Ejército (si es que se hizo), y si ésta fue legal o no”, señaló Senestrari.

El fiscal aclaró que “El Ejército no puede hacer donaciones ni en su naturaleza está la prestación del servicio de catering”, por lo que los cañones de la causa apuntan hacia el Tercer Cuerpo del Ejército.

Senestrari confirmó que no hay imputados, pero espera avanzar con la recolección de pruebas para fijar responsabilidades. El fiscal también espera que la dirigencia política bajo investigación intente recusarlo por su pertenencia a Justicia Legítima. “No tengo duda que lo van a intentar como ya lo hicieron otras veces, pero mi pensamiento no puede ser un parámetro para determinar cómo hago mi trabajo”, dijo Senestrari.

Marcos Carasso, diputado nacional y presidente del partido a nivel provincial, dijo que “llama poderosamente la atención” la investigación realizada por la Justicia Federal puesto que el partido “fue invitado”, sin participar en la organización del mismo, que corrió por cuenta del Frente Cívico.

El acto se desarrolló en el club Sociedad Belgrano el pasado 1 de mayo. Allí pudo verse, en las inmediaciones, camiones del Ejército argentino equipados con cocinas de campaña, en las que se habría preparado el locro que se sirvió en el evento.

El bloque de legisladores radicales emitió un comunicado a través del cual denunciaron la supuesta “intromisión”, pero acusó de esa acción al Gobierno provincial, del que no depende la Justicia Federal.

Es más: Carasso y los legisladores radicales vincularon el allanamiento con las críticas que los referentes del radicalismo esgrimieron la semana pasada contra Martín Llaryora, al trascender distintos gastos en eventos masivos, entre ellos un fallido show del cuartetero Ulises Bueno.

“Buscan equiparar el despilfarro municipal con supuestas actitudes reñidas con la ética de parte de la UCR”, dijo el legislador Dante Rossi. “Ojalá la Justicia tenga la misma consideración y actúe con la misma rapidez para conocer en detalle los gastos descomunales de la Municipalidad de Córdoba”, dijo Carasso. Valen dos aclaraciones: no es competencia federal los gastos municipales y el radicalismo no presentó ninguna denuncia penal respecto del supuesto “despilfarro”.

En cambio, en el caso del locro organizado por el juecismo, hay una denuncia para que se investigue el presunto delito de peculado de trabajos y servicios por parte del Tercer Cuerpo del Ejército. La instrucción está en manos del fiscal Enrique Senestrari, de Justicia Legítima.

La denuncia la presentó el abogado Rafael Ortiz, quien aseguró que hubo personal del Ejército que aportó logística al locro juecistas, en una tarea completamente ajena a las actividades previstas para los soldados. Por eso Ortiz señaló que había existido una “violación de los deberes de funcionario público” al destinarse personal militar para “provechos privados”.

En consultas periodísticas, Ernesto Martínez, ex senador nacional y titular del Frente Cívico, había reconocido la colaboración del personal del Ejército, aunque “no hubo plata pagada”. Martínez vinculó la denuncia con una maniobra para desprestigiar a Luis Juez.

No pasa inadvertido que el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri es el dirigente radical Oscar Aguad, y que durante su gestión una histórica colaboradora de Juez, Graciela Villata, fue secretaria de Gestión Presupuestaria y Control de esa cartera. “Son conjeturas válidas”, dijo Senestrari, sin precisar si esa es una pista que sigue.

LaPolíticaOnline








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