Pagaron por un departamento que no se construyó: la justicia condenó a un empresario

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“Defraudación fiduciaria” es el delito del que se halló culpable al desarrollador inmobiliario involucrado. Un matrimonio pagó 265.000 dólares para habitar en la torre Belgrano Plaza, cuya obra quedó paralizada indefinidamente.

En 2012, Silvina Verónica Grillo habló con su esposo, Alejandro Lino Giménez, sobre las bondades que ofrecía un proyecto de inversión de construcción “desde pozo”, un tipo de inversión que se volvió bastante común en el mundo inmobiliario.

Era una posibilidad que había surgido y que era posible encarar con una persona conocida de su familia. Concretar la inversión, obtener una renta por un tiempo y mudarse cuando los hijos fuesen adultos para dejarles a ellos el primer hogar era el plan. Pero doce años después todo parece haberse esfumado, tanto ahorros como sueños. Es que pusieron el dinero necesario para el proyecto, pero éste nunca se concretó. Ahora la justicia dictó una sentencia que condena al empresario en quien confiaron.

Hace días, la  jueza Natalia Kuray, integrante de una sala de la Cámara Tercera en lo Criminal, encontró culpable y condenó a tres años de prisión -en suspenso- por el delito de “defraudación fiduciaria” al empresario Jorge Andrés Lafuente, quien era el desarrollador inmobiliario que construiría las torres conocidas como Belgrano Plaza, en avenida Belgrano 424. Allí se levanta hoy el esqueleto de la obra. Lafuente era quien estaba a cargo del fideicomiso a través de la firma Desarrollo Nuevo Hábitat. 

EL DERROTERO

En el proceso, Lafuente expuso que un obstáculo que frenó el avance del emprendimiento fue el conflicto suscitado con una vecina de la construcción, que alegaba que la obra invadía parte de su terreno, sin que se pudiera llegar a un acuerdo para sortear el problema. Ese litigio todavía carece de una resolución judicial definitiva. 

Pero lo que se planteó en el juicio fue que el desarrollador habría estado al tanto de que ese inconveniente podía presentarse y que aún así continuó cobrando las cuotas a Giménez y Grillo. Lafuente, a su vez, se defendió diciendo que hizo todo lo posible por cerrar un trato con la vecina. Y que además fue él quien más perjudicado resultó, porque la paralización del proyecto lo dejó sin la posibilidad de vender los departamentos y con varios millones de pesos ya volcados a la etapa inicial de la obra.

El matrimonio damnificado, a su vez, argumentó que el manejo de la información que se les brindaba no era transparente ni fiel, por ejemplo sobre la real disponibilidad del predio sobre el que se tenía que levantar el edificio y consecuentemente sobre los riesgos que se cernían sobre la efectiva concreción de la obra.

Esas situaciones salieron a la luz cuando Lafuente decidió paralizar la obra en Belgrano 424 y los inversores se encontraron ante la novedad de que todo indicaba que los 265.000 dólares volcados al proyecto no iban a ser recuperados.

FALLO ALECCIONADOR

Walter Repetto , abogado del matrimonio Giménez-Grillo, consideró que el fallo dictado ahora es importante desde el punto de visto jurídico porque los hechos denunciados y sufridos por sus clientes  “suelen ser delitos que no se juzgan y quienes invierten ven cómo se desvanecen sus sueños junto con las promesas incumplidas”.

También valoró la sentencia porque considera que ayudará a que futuros proyectos de construcción que vayan a encararse se realicen tomando los recaudos necesarios y sin exponer a las personas a desenlaces dolorosos en términos de las expectativas frustadas y de los perjuicios sufridos.

“Es importante sentar un precedente para saber que quien comete estos delitos va a sufrir las consecuencias”, dice el abogado en relación a una sentencia que no tiene demasiados antecedentes ni en el Chaco ni en el resto de la Argentina.

“De entrada hubo una desnaturalización del fideicomiso”, afirma Repetto, que también cuestiona que se hayan continuado las cuotas a los inversores aun cuando la obra ya estaba paralizada. 

“Es un empresario importante que hizo las cosas como quiso. Nunca rindió cuentas, se escudó en la figura del fideicomiso para defender su patrimonio y no a los interesados. Luego se llenó de juicios y pidió el concurso para no pagar sus deudas. Ahora con esta sentencia los futuros administradores fiduciarios sabrán que si se manejan mal no solo tendrán demandas civiles sino también penales con condenas que pueden llegar hasta la privación de la libertad”, agregó el abogado.  

En su fallo, la jueza Kuray reconstruye que el matrimonio Grillo-Giménez “confiando en la reputación, honestidad y buen nombre de Jorge Andrés Lafuente, le entregó dinero en efectivo para obtener a cambio un departamento y dos cocheras”, y que “ello quedó trunco por la actitud fraudulenta de Lafuente”.

Y considera que “claramente el encartado no actuó con ‘la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios’, tal como lo exigía el artículo 6 de la Ley de Fideicomisos” que regía al momento de los hechos.

La sentencia, además de la condena de prisión de cumplimiento condicional (es decir, sin cumplimiento efectivo), impone a Lafuente el pago de unos 60 millones de pesos en concepto de daño material, daño punitivo y lucro cesante, además de mantener la inhibición de bienes sobre él y sobre la firma DNH.

“ERA COMO UN AMIGO”

Silvina Grillo, junto con su marido, es una de las damnificadas por lo ocurrido con el proyecto Belgrano Plaza. En diálogo con NORTE narró el calvario vivido por invertir sus ahorros en un departamento a estrenar que jamás iba a ser construido. “Confiamos plenamente, lo conocíamos (a Lafuente) porque el padre era amigo de mi suegro”, afirma ella para poner en contexto la actitud con la que decidió concretar la inversión. 

Ella y su esposo destinaron a la  operación sus ahorros y sumaron los recursos originados por la venta de un plan similar de construcción que venían abonando para un proyecto que estaba previsto en otro punto de Resistencia. Lo hicieron para poder cubrir el dinero extra que demandaba tener también cocheras propias en el nuevo edificio de la avenida Belgrano a cuyo proyecto se habían suscripto.

“Hablábamos con él como si fuese un amigo, nunca pensamos que nos iba a estafar. Yo iba  a la oficina siempre, mostramos buena voluntad para encontrar un arreglo”, agregó Grillo, acotando que antes de decidirse a iniciar una demanda pasaron años de promesas que no se traducían en hechos, como la que dice que Lafuente efectuó en una mediación indicando que por el proyecto trunco de Belgrano Plaza entregaría un departamento de torres realizadas  avenida Las Heras, una compensación que tampoco se concretaría.

Grillo y su marido empezaron a pagar las cuotas en 2010, con el compromiso de que la obra estaría terminada hacia 2014. Cuando superado ampliamente ese plazo vieron que el edificio no se iba a construir, buscaron algún tipo de arreglo pero los intentos no tuvieron eco. Por el contrario, dice ella que “en el medio de todo el proceso este hombre nos inicia un juicio a nosotros y al Estado por 300 millones de pesos, con el argumento de que la inhibición de bienes que se le planteó lo perjudicaba sobremanera”.

La mujer contó que esa situación no solo agravó el estrés que padecía por ver las complicaciones que se daban para recuperar lo invertido en Belgrano Plaza, sino que también le generaró un perjuicio económico porque debió afrontar el costo del patrocinio de un abogado para esa causa.

Norte