Las políticas de infancia necesitan con urgencia mayor presupuesto
Con respecto al sistema de protección integral, valora que haya surgido de la lucha de las organizaciones pero, a 15 años de vigencia
Las situaciones de violencia contra niñas y niños se repiten y generan gran preocupación. Un espacio vacío en términos económicos y de formación para abordar la problemática.
“Cuando seas grande recién vas a entender”; “Calláte porque están hablando los adultos”; “De esto no podés opinar porque no sabés nada”; “Mientras vivas en mi casa las reglas las pongo yo”. ¿Cuántas veces escuchamos o expresamos estas frases? Van dirigidas a niñes y adolescentes y representan la imposición de una perspectiva adulta sobre sus realidades. Se traduce, también, en la manera en que las políticas públicas se implementan en los territorios. Este domingo se celebra el día de las infancias y su situación general, la profundización de sus vulneraciones (sobre todo en pandemia), los graves casos de violencias que suceden aún con medidas de protección activadas requieren una revisión y reflexión de las políticas vigentes.
Una cuestión de presupuesto
Cuando se aprobó, hace 15 años, la Ley 26.061 que adecuó la legislación a la Convención de los Derechos del Niño, la infancia pasó de ser objeto a sujeto de derechos. Esta ley creó un sistema de protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que no sólo está conformado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) sino por cada espacio de infancia provincial y municipal. Es decir, si bien existe un presupuesto federal para programas nacionales, cada servicio local debe contar – a su vez- con un presupuesto de su jurisdicción que varía según la situación y decisión política. Cada servicio puede definir, habiendo evaluado la situación específica, la toma de una medida de protección excepcional para las infancias en situación de riesgo por violencias o abusos. Sin embargo, en la práctica, esa potestad ha sido tomada por el Poder Judicial que acude a los servicios locales con pedidos de informes y medidas, cuando éstos –en su mayoría- no tienen estructura, presupuesto, personal suficiente o capacitación actualizada.
“Una de las batallas importantes para fortalecer el sistema, es la batalla fiscal”, dice a Tiempo Argentino la Dra. Marisa Graham, Defensora de los Derechos de los NNyA de la Nación. “Tenemos que lograr (desde el Estado) que haya menos niños en situación de pobreza extrema o bajo la línea de pobreza. Lo hablé con el Ministro Guzmán, hay que ver cuánto presupuesto se destina a las políticas que impactan en forma directa en las vidas de los NNyA y también en las que impactan de manera indirecta pero que son importantes como el acceso a la vivienda digna”, afirma. La Defensoría nacional de niñez funciona hace menos de dos años aunque su creación fue dispuesta en la legislación vigente hace más de 15. Entre los temas de agenda actual de la institución, la defensora menciona la necesidad de brindar seguridad alimentaria a las niñeces con suficiencia y calidad en el acceso al alimento saludable para chicos y chicas, mejorar los ingresos familiares y combatir la deserción escolar, entre otros. “Nos preocupan mucho las condiciones de vida NNyA separados de su familia de origen, viviendo con instituciones o con familias de acogimiento, bajo medidas de protección excepcional. Son instituciones que hay que monitorear y por eso estamos trabajando con diferentes actores incluida la Defensoría General de la Nación y los defensores generales de los Ministerios Públicos de las provincias”, expresa.
Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño (Casacidn) afirma que es desigual la situación de los sistemas de protección provinciales ya que sólo cinco cuentan con defensores de NNyA. “Hay provincias que trabajan muy bien como La Pampa o Santiago del Estero que no tienen tanta injerencia de la Justicia en su funcionamiento. A veces la autonomía provincial dificulta la llegada de los programas nacionales, no se ponen de acuerdo”, cuenta.
Políticas de infancia participativas
“El sistema de protección integral necesita un presupuesto que sea el mínimo 10 veces el actual. En general, las situaciones de vulneraciones de chicos y chicas no son abordadas como deberían porque hay poquísimas personas trabajando” dice Santiago Morales, educador popular, sociólogo y coautor junto a Gabriela Magistris del libro Educar hasta la ternura siempre, del adultocentrismo al protagonismo de las niñeces. Morales forma parte del colectivo de educadores e investigadores Ternura Rebelde que desde 2013 trabaja en diversos barrios promoviendo la participación y organización de las infancias de manera que sean reconocidos como sujetos sociales y políticos. “El hecho que nuestras sociedades sean adultocéntricas hace que nunca se les invite a ser parte de las decisiones de sus espacios cotidianos en las familias, escuelas, comunidad, sólo se les informa lo que decidieron adultos”, dice. Para lograr que el sistema de protección tenga mejores resultados, además del financiamiento, Morales señala que es necesaria la participación de NNyA en todas las instituciones y también en la elaboración de las políticas. “Hace falta corrernos (los adultos) de los lugares de control y de mando, lo que no implica corrernos del lugar de cuidado. Una cosa es anular al otro como sujeto de deseo y otro no implicarme en el cuidado”, afirma. «
¿Dónde jugarán las niñas?
En mayo la red de organizaciones latinoamericana Tejiendo Redes de Infancia realizó el ciclo de charlas Niñas Poderosas para resaltar la diferencia de género en las vulneraciones de derechos de la infancia. Una de sus artífices fue Nora Schulman. “La visibilización del tema de las niñas como mujeres es necesaria y es una meta. Los movimientos de mujeres en Argentina no toman esto en cuenta y las niñas tienen sus propias luchas sumadas a las desventajas de ser mujeres y, en la mayoría de los casos, pobres”, dice.
Con respecto al sistema de protección integral, valora que haya surgido de la lucha de las organizaciones pero, a 15 años de vigencia, señala que existe un retroceso. “El servicio de protección está muy desvalorizado, sobre todo por la Justicia, que lo toma como simple auxiliar”, restalta. Schulman advierte que entre los problemas del servicio de protección se encuentra el cambio permanente de personal debido a la precarización y a los salarios bajos. “Y, por otro lado, no tienen capacitación, ese personal no conoce en profundidad el tema que trabaja como violencias o abusos que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires son el 80% de los casos”, afirma.
fuente: TiempoArgentino
